“Prometemos buscar hasta encontrar a los desaparecidos”: FARC reconocen graves crímenes de guerra, en vivo

Por tercer y último día consecutivo, siete exmiembros del secretariado de las FARC-EP comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del Caso 01, que trata sobre toma de rehenes, privación grave de la libertad y otras concomitantes delitos cometidos por las FARC-EP.

Este jueves, los exjefes guerrilleros deberán seguir escuchando a los secuestrados por el control territorial y reconocer los hechos para acceder no solo a la

sanciones de la justicia transicional, sino al indulto que Colombia aún no les ha otorgado.

El excomandante guerrillero y ahora líder del proceso de reincorporación al Partido de los Municipios, Pastor Alape, reconoció ante la PEC y ante las víctimas que los secuestrados y las personas que vivían en los territorios que controlaban eran obligados a trabajar: “Podemos enviar los 100 metros de la carretera. No lo vimos como trabajo forzado”, dijo. “Aquí estamos reconociendo este comportamiento como parte de los delitos que cometemos en la organización”.

Asimismo, Rodrigo Londoño aseguró: “Humillamos a los rehenes obligándolos a entrar en lo que considerábamos parte de la vida guerrillera. Para los que estaban en cautiverio, estas eran actividades que no tenían que hacer ni física ni moralmente”.

Le acompañan en estos días Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar. Todos deben pasar del reconocimiento escrito, que presentaron en abril de 2021, al reconocimiento público de los hechos y conductas que encontró la PEC al acusarlos, presentando la radiografía más completa que hoy conoce el país sobre esta política criminal. “Hacemos daño a los más humildes. Prometimos buscar hasta encontrar a los desaparecidos. Hago un humilde pedido de perdón”, aseguró este jueves los exjefes guerrilleros.

¿Qué pasará estos días?

Durante la audiencia, que se desarrolla en la Biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, las siete partes presentes podrán o no hacer público su reconocimiento de responsabilidad por los hechos alegados.

A su vez, las víctimas acreditadas que intervendrán en el proceso tendrán la oportunidad de comentar lo que dicen los siete imputados en sus intervenciones y exponer sus veraces demandas.

Las demás víctimas podrán observar la diligencia y tendrán 15 días hábiles para presentar observaciones y demandas antes del reconocimiento. Este es un momento clave en el proceso judicial que contribuye a la satisfacción y reparación de las víctimas. Pero no solo eso. La decisión de reconocer o no tendrá consecuencias jurídicas para cada uno de los siete imputados. Es decir, lo que diga cada uno de los ex integrantes del Secretariado servirá de subsidio para la resolución de las conclusiones que se emitirán en los próximos tres meses.

Los resultados de la investigación indican, por ejemplo, que las órdenes de secuestro generalmente estaban dirigidas a personas de todos los ámbitos de la vida. En la práctica, esto significa que los guerrilleros no distinguieron entre territorios, condiciones de género, edad o especial vulnerabilidad. El trato a los rehenes quedó a criterio del guardia y del comandante de turno, y las víctimas denunciaron graves casos de tortura, tratos crueles, violencia sexual y desplazamiento forzado durante el secuestro.

¿Que viene despues?

Tres jefes consolidaron la política de secuestros de las FARC-EP para financiar la organización armada en sus diferentes niveles jerárquicos, forzar el canje de guerrilleros presos y controlar a la población de los territorios, sancionándolos por diversos motivos, investigándolos por su supuesta cercanía con los enemigos de la guerrilla o controlar la presencia y actuación de empresas y funcionarios públicos.

Luego de la audiencia, el poder judicial tiene tres meses para enviar la resolución de las conclusiones al Juzgado de Paz, que definirá la sanción a aplicar a los imputados. Vencido el plazo, la Sala evaluará los reconocimientos de la ex Secretaría, así como las sanciones propuestas por las partes presentes y las observaciones de las víctimas a dichas propuestas, y sus observaciones a los temas de la Resolución de Conclusiones.

De no reconocerse ninguno de los delitos cometidos, la Sala remitirá los casos a la Unidad de Investigación y Fiscalización (UIA) de la JEP, que tratará de esclarecer qué sucedió realmente en los territorios ocupados por la guerrilla. Entre todos, exguerrilleros, víctimas y operadores de justicia deben arrojar luz sobre la dolorosa memoria reciente de Colombia.

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